Hace poco, el presidente de la republica manifestó que los recursos naturales, son un bien nacional y su explotación en Majaz no podrá ser impedida por pequeños grupos de pobladores, comunistas, curas rojos y "verdes" financiados por el extranjero; pero ante un comentario como este viene la pregunta, ¿siguen nuestros recursos siendo un bien nacional, o solo el bien de las empresas que los explotan?
Desde inicios del presente año llamaron la atención tres comunidades campesinas en las serranías de Piura; se trataba de Segunda y cajas (provincia de Huancabamba) y Yanta (provincia de Ayabaca), estas denunciaban que la empresa minera Majaz había iniciado sus actividades de exploración en sus territorios, sin contar con la debida autorización por parte de dichos poblados; además de esto dichas actividades venían afectando el ya frágil estado del ecosistema en la zona.
Ante una situación como esta los alcaldes de Ayabaca, Carmen de la frontera y Pacaipampa, decidieron promover una consulta vecinal para conocer la opinión de la población afectada, respecto a la actividad de la minera Majaz; sin embargo el estado lejos de apoyar dicha medida, comenzó a ponerle trabas, justificando su actitud de una manera que resulta cuestionable, pues intenta detener dicha consulta popular por medio de mecanismos de una ineficiente administración.
Las declaraciones del presidente Alan García respecto de la problemática en Majaz, no abordan el tema de fondo, resulta cuestionable sostener que el Estado salvaguardará el respeto al medio ambiente cuando empresas esta vienen generando terrible contaminación en medio de la indiferencia de las autoridades.
Desde inicios del presente año llamaron la atención tres comunidades campesinas en las serranías de Piura; se trataba de Segunda y cajas (provincia de Huancabamba) y Yanta (provincia de Ayabaca), estas denunciaban que la empresa minera Majaz había iniciado sus actividades de exploración en sus territorios, sin contar con la debida autorización por parte de dichos poblados; además de esto dichas actividades venían afectando el ya frágil estado del ecosistema en la zona.
Ante una situación como esta los alcaldes de Ayabaca, Carmen de la frontera y Pacaipampa, decidieron promover una consulta vecinal para conocer la opinión de la población afectada, respecto a la actividad de la minera Majaz; sin embargo el estado lejos de apoyar dicha medida, comenzó a ponerle trabas, justificando su actitud de una manera que resulta cuestionable, pues intenta detener dicha consulta popular por medio de mecanismos de una ineficiente administración.
Las declaraciones del presidente Alan García respecto de la problemática en Majaz, no abordan el tema de fondo, resulta cuestionable sostener que el Estado salvaguardará el respeto al medio ambiente cuando empresas esta vienen generando terrible contaminación en medio de la indiferencia de las autoridades.
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